
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, sobre una imagen del trasvase Tajo-Segura.
El Gobierno afirma que ejecutará la sentencia de los caudales ecológicos pese a ser "contradictoria y confusa"
Hugo Morán señala que no habrá escalonamiento anual y que se tiene que aplicar ya el máximo de 8,6 m3/s previsto para el año 2027.
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Pese a lo "contradictoria y confusa" que es la sentencia del 6 de mayo del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos del Tajo, el Gobierno central de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) está dispuesto a ejecutarla sin pedir una "aclaración" a través de la Abogacía del Estado, que es quien podría solicitarla como parte implicada.
Esa sentencia, en la interpretación que se hace desde Castilla-La Mancha, supone que no hay que escalonar la aplicación de los caudales ecológicos en tres tramos en 2025, 2026 y 2027, sino que se debe aplicar ya en el máximo, los 8,6 m3/s previstos para el final de este escalonamiento temporal, dentro de dos años.
Así lo manifestó ayer el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en Ciudad Real, donde aseguró que el Gobierno central cumplirá "rigurosamente" la última sentencia del Tribunal Supremo, que determina que los caudales ecológicos del río Tajo no se pueden alcanzar de forma escalonada hasta el año 2027, sino que deben entrar en vigor de forma inmediata.
"Es la hora de acatar y ejecutar las sentencias de los tribunales. Lo hicimos con las cinco sentencias que se dictaron en el año 2009, lo hemos venido haciendo con las sentencias que se han dictado hasta ahora, y ésta es una más", indicó el alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica.
Muy al contrario, desde el Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, su director, Andrés Molina, asegura que "es un error". Y añade, "precisamente el escalonamiento anual se hizo para hacer compatibles los planes hidrológicos del Tajo y el Segura, con el mismo rango, que fueron aprobados en el mismo Real Decreto. Si se aplica ya el caudal de 2027 es inaplicable el plan de cuenca de Segura".
De hecho, la disposición adicional número 9 habla precisamente de la necesidad de hacer compatibles ambos planes. "A lo que Molina añade: "Este escalonamiento por años se hizo para que diese tiempo a acometer las actuaciones necesarias para dotar de agua a los usuarios del Segura, como por ejemplo ampliar las desaladoras, algo que no se han hecho".
En este contexto, los regantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) se quedan absolutamente indefensos mientras que no se resuelvan los otros recursos planteados, entre ellos el suyo, el de la Región de Murcia, el del Campo de Cartagena y el de la Diputación de Alicante.
Y al no ser parte en este recurso planteado por la Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche y del Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA) -constrarios en el fondo y la forma a los planteados desde el Levante-, solo podrán actuar cuando hay un acto administrativo por parte del Ministerio para ejecutar la sentencia.
Morán añadió que el Gobierno cumplirá "rigurosamente, como no puede ser de otra forma" lo que marca la última sentencia del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos del río Tajo, en la que dice que no se pueden alcanzar de forma escalonada hasta el año 2027 en el tramo comprendido desde el embalse de Bolarque en Guadalajara hasta el de Valdecañas entre las provincias de Toledo y Cáceres, ya que al tratarse de zonas protegidas deben entrar en vigor de forma inmediata.
Y reconoció que "es la sentencia más complicada", pero que el Gobierno la va a ejecutar la sentencia, y al ser preguntado cuándo lo hará ha dicho que "en el momento en que se dicta la sentencia, el Ministerio pone en marcha el tratamiento para definir los términos de la ejecución de la misma".