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El sistema judicial andaluz necesita más de cien jueces por el aumento de la violencia machista y el narco
En la misma jornada profesionales de la Justicia se mostraron en contra de la reforma de Bolaños de acceso al sistema judicial.
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"Se nos puede ir de las manos". Este es el mensaje de alarma que ha lanzado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ante la necesidad de más de un centenar de jueces en los juzgados andaluces.
Sobre todo en los de Violencia contra la mujer ante la ampliación de competencias a partir de octubre sobre violencia sexual. "Es una materia que se nos puede ir de las manos como no estemos precisamente muy encima en creaciones de plazas", ha insistido del Río.
La necesidad es imperiosa también ante el aumento de la criminalidad violenta en zonas como la Costa del Sol malagueña y la zona del Campo de Gibraltar por los asuntos relacionados con el narcotráfico.
En la actualidad, la comunidad cuenta con 1.041 plazas de jueces y magistrados, pero ha insistido en que "más de un centenar son, como mínimo, necesarias". Sobre todo teniendo en cuenta que en muchas zonas de Andalucía se ha producido un incremento de la carga de trabajo entre un 15 y un 20 % en muchos sitios.
También se abre a tomar otras medidas como la especialización o la agrupación de partidos judiciales por la entrada en vigor de esas nuevas competencias. A su juicio, sería conveniente que en todas las capitales de todas las provincias de Andalucía se unificaran porque un juez muchas veces compatibiliza las funciones civiles, penales, de familia, con violencia.
Estos fueron algunos de los mensajes que trasladó el presidente del Tribunal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla durante su comparecencia parlamentaria en comisión para presentar la memoria de este órgano judicial del ejercicio 2024.
También lanzó otra advertencia: sobre los casos de violencia contra la mujer ni se ha bajado la guardia ni se ha escatimado esfuerzos para evitar esos resultados fatales. Del Río puso como ejemplo que de las diez víctimas mortales contabilizadas el año pasado, solo una de ellas contaba con orden de protección.
En total se contabilizaron más de 40.000 denuncias, un porcentaje similar al año anterior, dictándose 10.000 órdenes de protección. Respecto a las cifras globales, se registraron más de 1,4 millones de asuntos en 2024, cifra que representa un aumento del 5% sobre 2023.
El acceso a la carrera
Esta petición ha sido paralela, casi a la misma hora en la que profesionales de la Justicia se reunían también en la capital andaluza para manifestar públicamente su rechazo frontal a los planes del Gobierno para controlar el Poder Judicial.
Se trata de las entidades firmantes del Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho, nacido tras la Ley de Amnistía, contra el proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, remitido por el ministro Félix Bolaños a las Cortes, que modifica el acceso a la Judicatura y la Fiscalía.
Todos se unieron en Sevilla para alzar la voz contra el intento del Gobierno de Pedro Sánchez de cambiar el sistema "objetivo, igualitario y justo" de oposiciones a la carrera fiscal o judicial o a la administración pública por un sistema que consideran "subjetivo, a dedo" y con "sesgo ideológico".
Es decir, que este centenar de jueces, que el sistema judicial andaluz necesita, acceda a la carrera judicial con el sistema objetivo existente con una oposición basada en mérito, capacidad, igualdad y objetividad. De lo contrario, amenazan con una huelga que colapsaría aún más los juzgados.
