Campo de cultivo
El apagón eléctrico del pasado 28 de abril no sólo sumió en el caos a las ciudades españolas, también a miles de explotaciones agrícolas repartidas por nuestra geografía que sufrieron pérdidas derivadas del déficit de suministro.
El episodio invita a poner sobre la mesa un debate que ahora entendemos, quizá, como más necesaria que hace unas semanas: cómo de seguro es el modelo energético actual en el medio rural de nuestro país.
Aunque no ocurran muchos incidentes de ese estilo, un percance menor tiene un impacto importante. Fuera de las grandes urbes, donde la actividad no se detiene, un apagón puede llevar a la pérdida de productividad, dinero e incluso riesgos sanitarios.
La electrificación de las zonas rurales, y en particular del sector agrícola, se enfrenta a tres grandes desafíos: el nivel de interrupciones, el precio de la energía y la duración de la inestabilidad operativa. Los números, en este aspecto, hablan por sí solos.
Una granja rural deslocalizada en Cataluña, por ejemplo, sufre un promedio de 22 interrupciones eléctricas al año, en contraste con las 7 que se suelen dar en un ambiente urbano; con una duración máxima de hasta 19 horas frente a las 5 que puede durar en la ciudad, según datos de la Generalitat.
El gran apagón de hace unos días supuso pérdidas en Andalucía de hasta el 50% en los cultivos recién trasplantados
Esta situación compromete los procesos productivos de las explotaciones agroganaderas y es aplicable a la realidad del conjunto del país. No menos crítica es la dimensión económica del problema.
Un informe elaborado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al Gobierno de España, revela que el 4,5% del consumo total de energía en nuestro país se destina a la producción agrícola, y la mayor parte de ella está vinculada a dos elementos estructurales en la gestión y explotación del campo: sistemas de riego y maquinaria.
Asimismo, debemos añadir que entre 2010 y 2020 el precio de la electricidad se disparó en un 60%, y la media europea fue del 28%, encontrando cifras actualmente de 0.379 € por kWh el año pasado. Por otro lado, existe una cuantiosa dependencia energética.
Aproximadamente, tres cuartas partes de la energía generada en España procede de las importaciones de crudo y gas que permiten que funcionen instalaciones que, por sus características, no están enganchadas a la red de suministro eléctrico.
Un tipo de instalación predominante en el medio agrícola, que se caracteriza por tener infraestructuras aisladas que, en muchos casos, no pueden estar vinculadas a la red general.
Finalmente, nos encontramos con los desafíos operativos. El gran apagón de hace unos días supuso pérdidas en Andalucía de hasta el 50% en los cultivos recién trasplantados y afectó al 20% del ganado lechero por los retrasos en el ordeño, según datos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en Andalucía.
La promoción de instalaciones combinadas de tipo híbrido permitiría, en gran medida, cerrar el ciclo energético para el consumidor final y reducir la factura ordinaria
Y todo en un marco en el que la electrificación rural es un 20% inferior a la urbana. En este contexto no podemos dejar de hablar del acceso al gas canalizado, que es minoritario.
La paradoja resulta palmaria: el campo español genera el 84% de las energías renovables que consume el país, pero se beneficia tan solo, en términos de consumo, de un 3% de la electricidad procedente de fuentes de energía limpia.
La solución a este escenario no puede limitarse únicamente a ampliar las redes convencionales. Surge la necesidad de apostar por nuevos modelos energéticos, que sean descentralizados, eficaces, eficientes y resilientes.
Modelos que se caracterice por su capacidad de adaptación al entorno, especialmente en las situaciones más críticas.
Por esta razón, combinar la instalación adaptada de diferentes tecnologías de generación y acumulación, como la solar fotovoltaicas con infraestructuras de biometano —con capacidad de convertir los residuos orgánicos, desechos industriales, agrícolas y ganaderos en gas renovable—, emerge como una necesidad estratégica en aras de reducir la dependencia del campo, y de muchos entornos rurales, de la red general.
La promoción de instalaciones combinadas de tipo híbrido permitiría, en gran medida, cerrar el ciclo energético para el consumidor final y reducir la factura ordinaria.
También contribuiría a los objetivos de sostenibilidad y economía circular, facilitando el volcado del excedente energético producido no acumulable siempre que resulte necesario.
Reforzar la autonomía energética no es solo responde a estrategia de sostenibilidad, es una decisión estratégica que mejora la rentabilidad
Dar un nivel óptimo de independencia energética al sector agroganadero es algo más que una cuestión de equidad para con una de las principales actividades económicas del país.
Se trata de garantizar la continuidad de una actividad esencial para la que, en algunos casos —especialmente en ganadería—frenar su dinámica con garantías sanitarias resulta casi imposible.
Por ello, contar con sistemas robustos y adaptativos para la generación de electricidad en las propias instalaciones agroganaderas emerge como una necesidad acuciante.
El gran apagón de abril, pese a ser un hecho puntual, puede entenderse como un signo considerable de una infraestructura cuya capacidad se ha visto cuestionada. El sector primario necesita certezas y garantizar la energía es una de las más necesarias.
Reforzar la autonomía energética no es solo responde a estrategia de sostenibilidad, es una decisión estratégica que mejora la rentabilidad y reduce riesgos operativos en el corto, medio y largo plazo.
El escenario invita a que el concepto de autonomía energética del campo no se quede en una mera promesa a largo plazo.
Constituye un fin necesario que requiere respuestas por parte de todos y que interpela también, de alguna forma, a los representantes institucionales. Blindar nuestra agricultura y ganadería pasa por apostar de forma decidida por nuevos modelos, viables en lo técnico, que hagan posible una respuesta eficaz ante imprevisto que pueden resultar peligrosos para el futuro del sector.
*** Antonio Álvarez es director de operaciones de Bolschare Energy.
