(I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aplauden durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados
Estamos viviendo momentos de máxima crispación política y acusaciones cruzadas respecto a presuntas prácticas corruptas entre los dos principales partidos políticos en nuestro país. Un ruido que, además de dañar las principales instituciones de nuestro Estado de derecho, garantes de nuestra democracia, impide detenerse en la buena marcha de la economía.
Destaca el buen comportamiento de nuestro mercado laboral, con un crecimiento del empleo muy superior al de otras grandes economías europeas como Italia, Francia o Alemania.
Los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de mayo muestran que, además de reducirse el desequilibrio por debajo de los 2,5 millones de desempleados -barrera que no se lograba rebajar desde hace diecisiete años-, se mejora la calidad del empleo.
De los 21,8 millones de personas ocupadas en España, 10,3 millones son mujeres (el 47,4%), lo que supone un nuevo máximo histórico de afiliadas a la Seguridad Social.
Además, desde 2018, se ha reducido la brecha salarial de género 5 puntos. Las mejoras son notables, si bien queda mucho camino por recorrer para alcanzar las cotas de bienestar del centro y norte de Europa: por eso no nos debe distraer el ruido.
Los trabajadores con contrato indefinido han aumentado un 38,9% -esto es más de 4 millones de personas-
Los datos de nuevos empleos creados muestran, mes a mes, un cierto cambio de modelo productivo, con el auge en los servicios de alto valor añadido, como son los servicios profesionales a empresas, las tecnologías de la información y comunicaciones, las actividades científicas y técnicas, y las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento.
La última reforma laboral, de 2022, no sólo no ha destruido empleo como algunos vaticinaban, sino que está permitiendo cambiar la estructura de nuestro mercado de trabajo, caracterizada históricamente por la excesiva contratación temporal, al promover la estabilidad en el empleo.
Desde dicha reforma, los trabajadores con contrato indefinido han aumentado un 38,9% -esto es más de 4 millones de personas-.
Y, del total de ocupados con contrato indefinido (15,2 millones), tan sólo el 6,3% son fijos-discontinuos, según datos de afiliación a la Seguridad Social.
Una cifra que permanece estabilizada, y que, considerando el peso de las actividades económicas estacionales en nuestro modelo productivo -fundamentalmente, turismo, y con menor peso, agricultura-, parece razonable.
El dinamismo de la economía española ha superado con éxito la pandemia de la Covid-19, la crisis energética por la guerra en Ucrania, y la crisis inflacionaria global
En 2018, los trabajadores temporales representaban el 31,1% del total en España. Hoy suponen menos del 12%, según datos de la Seguridad Social.
Esta mejoría es aún mayor entre los trabajadores más jóvenes, que hace siete años tenían una tasa de temporalidad superior al 54% y ahora está por debajo del 19%.
Las consecuencias de estos cambios no sólo son positivas por la mejora en la seguridad y el bienestar de las personas, sino que también tienen efectos favorables en el consumo, por ende, en la generación de mayor actividad económica y empleo, y en mejoras de la recaudación pública.
En 2024, los ingresos tributarios casi rondan los 300.000 millones, un 41% más que en 2018, lo que ha permitido reducir el déficit público.
El dinamismo de la economía española ha superado con éxito la pandemia de la Covid-19, la crisis energética por la guerra en Ucrania, y la crisis inflacionaria global. De cara a futuro, la guerra comercial reduce las previsiones de crecimiento mundiales.
La mediana salarial en España se sitúa en 1.667 euros mensuales, un 25% inferior a la media en Europa
España, sigue liderando el crecimiento de los países de la zona euro, con unas previsiones para este año 2025 que apuntan a un crecimiento moderado, pero sólido, del PIB, de alrededor del 2,4%.
Doblegar la inflación, que terminará este año en torno al objetivo comunitario del 2%, ha sido un éxito; que sin duda va teniendo reflejo en la mejora del poder adquisitivo de las familias. Sin embargo, quedan retos importantes de cara a futuro.
En primer lugar, no podemos permitirnos desperdiciar el talento ni el capital humano que representan los jóvenes.
Aunque la tasa de paro juvenil ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años, según el último dato disponible de la EPA (tercer trimestre de 2024), aún es del 26,89%. Muchos jóvenes, con alta cualificación, emigran a países con mejores oportunidades de empleo.
Los salarios, en segundo término, a pesar de los aumentos del SMI, siguen muy por debajo de nuestros vecinos europeos. La mediana salarial en España se sitúa en 1.667 euros mensuales, un 25% inferior a la media en Europa.
La vivienda protegida se ha desplomado en España, desde el máximo de más de 122.000 pisos en 1995, a 12.300 en 2023, una décima parte
La espiral inflacionaria que hemos vivido en los últimos años sigue pesando en el poder adquisitivo de los trabajadores. Su elevación –al compás de la productividad—es crucial para perpetuar el ciclo expansivo de consumo y creación de empleo. Y para reactivar el ascensor social.
El tercer gran reto es resolver el problema de acceso a la vivienda en nuestro país. El déficit de viviendas en España, estimado por el Banco de España, es de 600.000 unidades en 2025, ya que durante los últimos años los nuevos hogares que se han ido constituyendo han superado las viviendas a la nueva construcción.
Además, la vivienda protegida se ha desplomado en España, desde el máximo de más de 122.000 pisos en 1995, a 12.300 en 2023, una décima parte.
La escasez de oferta ha tensionado los precios, que en este último año (desde el primer trimestre de 2024) se han disparado un 12,2% -la mayor subida interanual desde el primer trimestre de 2007, cuando los precios se incrementaron un 13,1%-.
La resolución del problema de la escasez de la vivienda en España requiere de un pacto de Estado entre todos los niveles de la Administración, considerando el marco competencial en materia de suelo y vivienda en nuestro país.
Solo así, la economía española podrá ir logrando el equilibrio de las cuentas públicas, reduciendo el déficit y la deuda, y continuar transformando el modelo de crecimiento hacia uno basado en mejoras de la productividad y diversificación de las actividades productivas.
No dejemos que el ruido nos desvíe del objetivo de lograr un crecimiento sostenible y sostenido que sea aún más robusto ante posibles futuras crisis.
