El Comité Económico y Social, órgano consultivo de la UE, acepta usar el catalán, el gallego y el euskera en sus plenos

Fuentes europeas confirman a este diario que la insistencia de José Manuel Albares y, en este caso, del conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, han logrado que el Comité Económico y Social Europeo (CESE) incluya a las lenguas cooficiales españolas "distintas del castellano" para su uso en los plenos del organismo.

El CESE es un órgano consultivo de la UE compuesto por 329 representantes de las organizaciones de trabajadores y empresarios y otros grupos de la sociedad civil (esencialmente, grupos de interés, o lobbies), de los que 27 son españoles.

Su cometido es emitir dictámenes sobre cuestiones de la UE para la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. El CESE actúa como puente entre las instituciones de la Unión con capacidad decisoria y los ciudadanos europeos.

El paso adelante del catalán llega en un momento en el que parecía estancado el objetivo que está liderando el ministro de Exteriores español, por encargo directo de Pedro Sánchez. La decisión coincide con la mejora evidente de las relaciones entre el PSOE y Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, que el pasado lunes retiró su Proposición No de Ley (PNL) sobre la cuestión de confianza al presidente del Gobierno.

El Gobierno, convencido de que el uso del catalán en la UE se aprobará este semestre bajo la presidencia polaca

Puigdemont exigió un "hecho comprobable" antes de darle el sí a Sánchez, en agosto de 2023, para asegurarle el control de la Mesa del Congreso. Y Albares se levantó muy de madrugada para antes de las 7:00 de la mañana tener escrito, enviado y sellado un cambio en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales de la UE, que abordara la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en las instituciones comunitarias.

Desde entonces, no se había logrado ningún avance. Ni siquiera aprovechando que en ese segundo semestre de 2023 España ejercía la presidencia de turno del Consejo. El resto de Estados miembros, "por respeto", no vetaron la iniciativa, pero una mayoría le transmitió al ministro de Exteriores su negativa a aceptar un cambio tan radical del Reglamento n° 1/1958 por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea.

Ahora sí, por fin, el Gobierno tiene un hecho comprobable real que presentarle a su socio parlamentario. Los siete votos de Junts en el Congreso, que habían estado en el alero desde el pasado mes de diciembre, cuando el expresident fugado en Waterloo presentó la Proposición No de Ley (PNL) para forzar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, pueden estar más cerca de apuntalarse.

La junta del Comité Económico y Social Europeo decidió el pasado martes de "extender el uso de las lenguas cooficiales españolas a las intervenciones de sus miembros en las sesiones plenarias". Así lo ha podido confirmar este diario en fuentes europeas. 

Y esta decisión podría servir como "precedente" para otras por venir. Ya hace dos semanas, el Gobierno logró, a través del Ministerio de Educación, que las Escuelas Europeas, donde se forman los hijos de eurodiputados, comisarios, diplomáticos y funcionarios de la UE, estudie que en ellas se pueda estudiar también en catalán.

Una propuesta que se defendió el 12 de febrero y cuya decisión definitiva se tomará en abril.

"Actualizar el convenio"

Hasta ahora, tal como refleja la documentación oficial, el CESE sólo permitía a los ciudadanos españoles dirigirse al organismo consultivo "en cualquiera de las lenguas que, de conformidad con la Constitución Española, tienen estatuto de lengua oficial en el territorio español". 

El convenio administrativo vigente data del 7 de junio de 2006, firmado por el entonces secretario general, Patrick Venturini, y quien fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. 

EFE EFE

Zapatero negocia en Suiza con Puigdemont la cesión de la inmigración a Cataluña y la oficialidad del catalán en la UE

El acuerdo había sido impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, después de una decisión tomada por el Consejo del 13 de junio del año anterior. Junto a éste, España acordó condiciones muy similares con el Tribunal de Justicia de la UE, el Consejo y la Comisión y la oficina del Defensor del Pueblo Europeo.

Además, en noviembre de 2005, se había firmado el primer acuerdo administrativo, en este caso con el Comité de las Regiones (CDR).

En este caso, se contempló una interpretación más amplia del compromiso de la Unión "para acercar" a los ciudadanos a las instituciones. Y por eso, desde el inicio, el CDR ya admitía el uso de las lenguas cooficiales en sus plenos, eso sí, avisando "con un mínimo de siete semanas" y confirmando "definitivamente" la petición "a más tardar, catorce días naturales antes de la sesión". 

Ésta era la única institución de la UE que, hasta el momento, había elevado a ese estatus al catalán, el gallego y el euskera, a pesar de no ser lenguas oficiales de la UE. Ahora, según las citadas fuentes, el CESE y el Gobierno de España han acordado firmar "la actualización del acuerdo para incluir las intervenciones en el pleno".

"Claramente insuficiente"

El Gobierno da "la bienvenida" a la decisión del CESE de "extender el uso de las lenguas cooficiales españolas a las intervenciones de sus miembros en las sesiones plenarias".

Exteriores recuerda que "la promoción del uso de las lenguas cooficiales en la Unión Europea es una prioridad del Gobierno para alcanzar el objetivo de llevar a Europa nuestra identidad nacional plurilingüe y de acercar las instituciones a la ciudadanía".

Aun así, fuentes de Junts señalan que el avance les puede "parecer bien", pero que es "claramente insuficiente". De momento, no se ve "avance alguno" ni "implicación por parte del presidente Sánchez" en lograr que la lengua catalana sea oficial en la UE.

El citado reglamento lingüístico europeo, en el que actualmente hay 24 lenguas, precisa de unanimidad de los Veintisiete para ser enmendado. Y varios Estados miembros temen que la medida que solicita España pueda sentar un precedente en otras regiones con lenguas propias y movimientos nacionalistas o separatistas.

Reuters

Sánchez "garantiza" que el uso del catalán en la UE no supondrá "un precedente para ninguna otra lengua"

Para convencer a los socios de la UE, el Gobierno se ha ofrecido a cubrir los gastos que la inclusión de estas tres nuevas lenguas pueda ocasionar. De hecho, así consta por escrito en todos los demás convenios firmados con las demás instituciones.

Según las estimaciones de Bruselas, el coste de la oficialidad del catalán en las instituciones de la UE podría ascender a 132 millones de euros.

Otra de las iniciativas aún pendientes es la solicitud al Parlamento Europeo para que el catalán, el gallego y el euskera se puedan usar también en los plenos, adoptando un acuerdo administrativo como los citados. Esta decisión corresponde a la Mesa de la Eurocámara y, de momento, la presidenta Roberta Metsola, ha encargado un informe sobre el asunto.