
El exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez, este martes, en el Congreso de los Diputados.
La juez libera al 'ex número 2' de Interior de Rajoy a petición del fiscal: ya no hay riesgo de destrucción de pruebas
Francisco Martínez fue detenido en una operación secreta sobre la actividad y financias del joven 'hacker' apodado 'Alcasec', del que el expolítico fue abogado.
Más información: El 'ex 2' de Interior pide salir de prisión y alega que trataba de reconducir a Alcasec "del crimen a la ciberseguridad"
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha dejado en libertad a Francisco Martínez, quien fue secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
El expolítico fue detenido el pasado día 27, en el marco de una operación secreta sobre las finanzas y actividad del joven hacker apodado Alcasec, del que Martínez había sido abogado años atrás.
Según Tardón, Martínez se habría enriquecido gracias a los ciberataques organizados por el chaval, cuyo nombre real es José Luis Huertas.
Tras interrogarle el pasado día 29, la magistrada envió a prisión al expolítico al considerar que, si le dejaba en libertad, había riesgo de que destruyese pruebas.
Por ello, la juez envió a prisión provisional a Martínez, hasta que la Policía bloquease una herramienta digital desarrollada por Alcasec y que almacenaba datos de particulares y empresas.
La Comisaría General de Información (CGI) ya lo ha hecho, por lo que el fiscal de esta causa, José Perals, ha solicitado a Tardón que Martínez quede en libertad.
Y así lo ha acordado la magistrada, algo a lo que estaba obligada, dado que, por el momento, como la investigación continúa secreta, la Fiscalía es la única parte procesal con acceso al sumario íntegro y que puede solicitar medidas cautelares.

El joven 'hacker' conocido como 'Alcasec'.
"Las pruebas que de él dependían están aseguradas ya", expresan fuentes de la Audiencia Nacional. "Desaparecido el riesgo de destrucción o alteración de pruebas que motivó su ingreso en prisión, procede ahora acordar su libertad", detallan.
"Blindaje legal"
De acuerdo con lo expresado por Tardón, Francisco Martínez habría ofrecido "blindaje legal" y "coordinación jurídico-operativa" al pirata informático Alcasec.
Y, gracias a ello, ambos se habrían enriquecido con la supuesta obtención ilegal de millones de datos a través de los ciberataques cometidos por el joven.
Entre otros organismos, la instructora mencionó a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), Puertos del Estado, el Registro Civil o la Dirección General de Tráfico (DGT).
De hecho, fue la CNMC la que, en 2024, alertó de que había sufrido un jaqueo, lo que, a la postre, dio pie a la actual investigación de la Audiencia Nacional.
Cuando Martínez declaró ante la juez, se desvinculó de la supuesta actividad criminal de Huertas. Admitió que le había ayudado a crear dos empresas tecnológicas, de cuyo porvenir se desvinculó. Pero negó haberse lucrado con la obtención ilegal de datos.
El expolítico indicó también que había tratado de convertirse en un referente moral para el chaval, huérfano de padre. Y que había tratado de que el joven abandonase el cibercrimen en favor de la ciberseguridad.
Ante la juez, Martínez relató que Huertas, que también fue detenido el 27 de mayo, estuvo desarrollando durante los últimos meses un buscador de datos con inteligencia artificial y que, como parte de su asesoramiento legal, el expolítico llegó a probar.
Sin embargo, precisó que no vio nada anormal al usar esta herramienta, pues contaba con los datos habituales en un buscador mercantil de pago. Según su versión, tan sólo advirtió al chaval de las sanciones recogidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Además del expolítico y de Huertas, también fueron detenidos en esta causa un amigo de este último y un joven residente en Andorra, cuya extradición aún está pendiente.
'Caso Kitchen'
La Fiscalía, además del peligro de destrucción de pruebas y del "riesgo de fuga", destacó, en el caso de Alcasec, en su "reiteración delictiva".
En 2023, otro juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, se encargó de indagar en la exfiltración de datos de 575.000 contribuyentes.
Cuando fue interrogado por aquellos hechos, Huertas confesó que así lo hizo y que puso estos archivos a la venta.
Alcasec consiguió todos estos datos tras cometer un ciberataque al Punto Neutro Judicial (PNJ), la red de telecomunicaciones que conecta los órganos judiciales con otras instituciones del Estado. El PNJ se gestiona desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Por su parte, Martínez irá a juicio a mediados de 2026 por el llamado caso Kitchen. En aquella causa judicial, otro juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, investigó el supuesto dispositivo parapolicial destinado a espiar al antiguo tesorero del PP, Luis Bárcenas.
En Kitchen, la Fiscalía Anticorrupción solicita para el expolítico una pena total de 15 años de prisión. La misma, para quien fuera su superior en Interior en la era Rajoy, el exministro Fernández Díaz.