Durante décadas, los liberales clásicos estadounidenses realizaron una crítica dura a la denominada affirmative action o discriminación positiva en terminología española. Su oposición estribaba en que esas políticas eran contrarias al principio de igualdad ante la ley, al mérito y al esfuerzo.
A simple vista, a priori, la Administración Trump parecería haber adoptado esta posición al exigir a la Universidad de Harvard la eliminación de los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI en sus siglas en inglés) si quiere que se descongelen los beneficios federales percibidos por dicho centro universitario.
A esa medida concreta se suman a otras y existen posibilidades o, al menos, dudas de que esa filosofía se extienda a otras universidades norteamericanas. Al margen de consideraciones de otra naturaleza, una estrategia de esa índole pondría en riesgo el mantenimiento de una de las grandes ventajas competitivas disfrutadas durante décadas por los EEUU: su liderazgo mundial en la educación superior.
Por tanto, su capacidad de atraer y retener capital humano de alta calidad; factores básicos para el desarrollo de la innovación y para el crecimiento de la productividad de la economía norteamericana en el medio y en el largo plazo. Por ello es relevante analizar la política trumpiana en este ámbito.
La supresión de los programas DEI en instituciones que reciben fondos públicos es razonable por las razones antes apuntadas y, por otra de carácter empírico, su ineficiencia e ineficacia para lograr los objetivos perseguidos para los que fueron pensados.
La revocación del permiso para estudiar o continuar sus estudios en Harvard a los estudiantes extranjeros no sólo es un ejercicio de sectarismo autoritario, sino de ceguera económica
Así lo ha demostrado una abundante literatura y la evidencia desde los trabajos pioneros de Milton Friedman hasta los realizados por Thomas Sowell o Charles Murray entre otros. Para mayor ironía, la evidencia muestra que los programas de diversidad, equidad e inclusión no aumentan la tolerancia hacia las diferencias individuales.
Dicho eso, la actuación de la Administración Trump resulta consistente con lo expuesto con anterioridad. Su voluntad o, para ser precisos, su decisión aspira a sustituir en la enseñanza universitaria las cuotas y las doctrinas derivadas del ideario woke por las adscritas a la doctrina MAGA.
En suma, de cambiar la dictadura de la corrección política impuesta por la izquierda por la de la derecha. Ambos planteamientos son iliberales y nada respetuosos para los valores de los individuos, para su libertad de expresarlos y vivir conforme a ellos.
La idea según la cual Harvard y, nadie lo descarte, otras universidades estén obligadas a auditar la “diversidad de puntos de vista” de estudiantes y docentes en función de los estándares ideológicos determinados por el Gobierno es hacer exactamente lo mismo de lo que los MAGA han acusado con indignación a la izquierda y no tiene nada que ver con lo defendido por el liberalismo clásico USA cuando comenzó su cruzada contra la affirmative action en los años sesenta del siglo pasado. Pero hay más.
La revocación del permiso para estudiar o continuar sus estudios en Harvard a los estudiantes extranjeros no sólo es un ejercicio de sectarismo autoritario, sino de ceguera económica. El binomio libertad-excelencia ha convertido a USA en el principal receptor mundial de estudiantes de maestría y de postgrado.
En Harvard hay alrededor de 7.000 estudiantes de más de 140 países, alrededor del 25% del total en el curso 2024-2025
Estos son un componente vital de la educación superior en los EEUU, aportando perspectivas diversas, talento académico, al tiempo que realizan una considerable aportación económica. La Association of International Educators (NAFSA) ha estimado en 43.800 millones de dólares y en 378.175 puestos de trabajo su contribución a la economía en el curso académico 2023-2024
En Harvard hay alrededor de 7.000 estudiantes de más de 140 países, alrededor del 25% del total en el curso 2024-2025.
Por añadidura, esa inteligencia exterior atraída por los EEUU y formado allí no desea retornar en su mayoría a sus países de origen, sino que desea permanecer en América. En promedio, la retención de estudiantes extranjeros una vez finalizados sus estudios se sitúa en el 73-74% y en el de Harvard se eleva al 80%.
Su capacidad de mantener su estancia a largo plazo depende en buena parte de la “lotería” de las visas H-IB y, por supuesto, de cuál sea la política de inmigración de América.
En este contexto, la expulsión o no admisión de individuos extranjeros con altas capacidades, así como la obstaculización de su permanencia en USA es un daño autoinfligido por el Gobierno norteamericano a su propia economía.
La incertidumbre ya está servida y una inversión en capital humano de alto nivel, costosa y prolongada, requiere un marco de estabilidad y no un escenario volátil e impredecible
El intento de la Administración Trump de revocar la certificación de Harvard para matricular estudiantes extranjeros, bloqueada de manera temporal por un juez federal, genera incertidumbre, aumenta y aumentará el atractivo comparativo de otros países como lugares adonde tendrán incentivos para acudir los educandos en búsqueda de formación y, también, de oportunidades laborales.
La incertidumbre ya está servida y una inversión en capital humano de alto nivel, costosa y prolongada, requiere un marco de estabilidad y no un escenario volátil e impredecible.
Este se traduce en una erosión de una de las grandes ventajas comparativas de América y en una pérdida de los cerebros que podrían haberse formado allí o que una vez formados se han fugado hacia otros paraderos.
