El 'caso Gallardo' daña a los diputados, a los jueces, al PSOE y a él mismo

Todo esto, que a priori era aún más improbable que la victoria de Alcaraz, se consiguió en un tiempo récord. Dimitió la parlamentaria Maricruz Vegazo Rodríguez, y renunciaron a sus derechos los cuatro colegas que le precedían en la lista (cerrada y bloqueada).

El ahora diputado consiguió su credencial unas horas antes de que se publicase el auto de la juez y, de este modo, y según la doctrina, quedó protegido por el aforamiento.

Pero la juez ha estimado, y así lo declara en su auto de procesamiento, que Miguel Ángel Gallardo cometió fraude de ley. Es decir, que se ha utilizado una ley para dar apariencia de legalidad a un acto fraudulento.

Un ejemplo de fraude de ley. Si le vendo a mi hijo mi casa por un euro, el inspector fiscal entenderá que bajo la forma de una compraventa he realizado una donación encubierta con la finalidad de obtener una ventaja fiscal.

Si la juez entiende que en este caso hay fraude de ley, es porque ve que hay razones suficientes para suponer que Gallardo está utilizando una norma, la del aforamiento, para obtener una ventaja procesal que no tiene que ver con el espíritu del aforamiento.

Así que aquí hay dos aspectos implicados.

Primero, ¿tiene sentido el aforamiento?

Segundo, ¿qué ventajas obtendría Gallardo acogiéndose al mismo?

Veamos.

Muchos se están pronunciando ahora contra él, pero el aforamiento tiene sentido en toda democracia como una medida de garantía de la separación de poderes.

La democracia parlamentaria es un equilibrio de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Lo que se pretende con ella no es tanto la colaboración de esos poderes como evitar que alguno de ellos se sobredimensione y absorba a cualquiera de los otros dos.

Por ejemplo, la democracia americana sentía un gran recelo contra la tiranía de la mayoría y estableció muchos controles a la posibilidad de que el Parlamento se excediese. Por eso es una República tan presidencialista. Lo que no tenían previsto es que el sistema se quebrase por arriba a causa de los excesos de un presidente convertido en un tirano clásico.

Otro ejemplo es la República italiana que vio, en el contexto del caso Tangentópoli, cómo los jueces, si se exceden y se convierten en políticos, pueden acabar convirtiendo la República en una monarquía de togas. Y esta posibilidad tampoco es nada halagüeña.

Los reproches de la juez a Gallardo por su aforamiento exprés: "El interés general debería ir antes que el personal"

El caso español es diferente. Nuestros constitucionalistas entendieron que nuestro sistema era más frágil en lo que tenía de más reciente: el Congreso y el Senado. Entendieron también que la perspectiva de un presidente tentado de sueños dictatoriales era más que real, así como la de unos jueces que no permitiesen "hacer política".

Así lo entendieron, y por eso en nuestro país se da la rareza de un aforamiento tan proteccionista con los políticos. Tiene sentido histórico.

¿Pero qué interés tiene Gallardo en acogerse a esa figura?

El aforamiento no significa "irresponsabilidad penal". Nadie le va a salvar de comparecer ante un tribunal. Lo único que le reconoce dicha protección especial es que acudirá a una instancia jurisdiccional superior, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Y esto, estratégicamente, tiene dos ventajas en este caso particular.

La primera, que uno de los magistrados del tribunal colegiado es "progresista". O, por decirlo en términos menos eufemísticos, más afín al PSOE que al PP.

La segunda, que la dilación del procedimiento será mayor y, probablemente, se alargue en el tiempo más allá de las elecciones generales, que probablemente se celebren dentro de dos años.

O sea, que implicaría una patada p'alante, y luego ya veremos si una amnistía, o un indulto, o lo que se les ocurra, le pone la venda a la herida en reconocimiento de los servicios prestados.

Pero hay un tercer elemento en esta ecuación ya de por sí compleja y turbia.

El hecho de que desde Madrid se haya provocado la dimisión de una diputada de la Asamblea de Extremadura, y forzado la renuncia de cuatro socialistas de base que formaban parte de una lista cerrada y bloqueada, deja al supuesto federalismo socialista al pie de los caballos.

El exasesor de Moncloa investigado en el 'caso David Sánchez' contradice a Gallardo y no quiere ser juzgado en el TSJ

El PSOE cada vez se parece más, en su organización, a un partido vertical como los de los años 30 del siglo pasado. El sanchismo está dejando al PSOE convertido en un erial. El personalismo de Pedro Sánchez difícilmente posibilitará una transición pacífica en el partido y, en todo caso, quedará muy debilitado para hacer una oposición efectiva y democrática.

No sabemos si los cargos contra Gallardo se confirmarán por vía judicial. Pero sí sabemos que con esta jugada tan oscura se ha hecho un daño severo a tres realidades y a una persona:

1. A la figura del aforamiento y la independencia de los diputados.

2. A la confianza en los jueces y la jurisdicción ordinaria.

3. A la democracia interna de un PSOE que cada vez se parece más en su organización al bolchevismo leninista.

4. Y a la persona de Gallardo, sobre el que ahora recae una sospecha que no existiría si no hubiese acudido a estas artimañas.

Ahora sólo queda esperar que el TSJ de Extremadura se muestre libre del borrón de sospecha que el PSOE le ha echado encima y juzgue conforme al espíritu de la ley.