Silencios cómplices, memorias rotas y ausencias que pesan en el tiempo: la realidad de los 'niños robados' en España

En los pliegues más sombríos de la historia reciente moderna, la sustracción ilegal de infantes con respecto a sus familias biológicas emerge como una de las cicatrices más hondas y duraderas que han marcado a innumerables generaciones.

Más allá de ser un acto violento y devastador, estas pérdidas forzadas representan la ruptura de vínculos esenciales, el silenciamiento de voces maternas y la manipulación de vidas inocentes para servir intereses políticos, sociales o económicos.

En contextos de opresión y conflicto, el empleo de los niños como arma política se ha repetido con desgarradora regularidad. Uno de los ejemplos más emblemáticos tuvo lugar en la España de la dictadura franquista.

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El gobierno capitaneado por Franco, alineado con las leyes eugenésicas del nazismo, intentó encontrar una justificación biológica para la ideología marxista. Y, así, construyó un relato de herencia genética que se tradujo en la macabra teoría del 'gen rojo'.

Según esta doctrina, los hijos de los opositores izquierdistas o republicanos adquirían inherentemente dicho marcador. Y este tan solo podía ser eliminado al despojar a los niños de sus madres y colocarlos en familias vinculadas al régimen.

El encargado de convertir en realidad ese ideario fue el comandante Antonio Vallejo-Nájera, jefe de los Servicios Psiquiátricos del Ejército, y autor de Eugenesia de la Hispanidad, un ensayo que proponía "la regeneración de la raza" hispánica a través de la identificación y selección de individuos con un "potencial biopsíquico superior".

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Y de este modo, basándose en estas teorías segregacionistas, se dio inicio al secuestro sistemático de niños a gran escala. Desde finales de los años 30, y hasta mediados de los 50, el foco se puso en los huérfanos de los pelotones de fusilamiento franquistas y en los recién nacidos de mujeres encarceladas por motivos políticos.

Esto únicamente sería el principio del fin, pues dicha práctica persistió a lo largo de toda la dictadura, aumentando cada vez más su punto de mira.

Ya no era únicamente una cuestión de represión política, sino una manera de ocultar realidades incómodas para la época. En los años 60, los aspectos económicos y sociales eran el sustento principal del robo de bebés, y las ilegalidades llegaron incluso hasta las clínicas y maternidades.

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Aunque, de algún modo, las víctimas continuaban siendo parte de la 'clase social de los vencidos': matrimonios con escasos recursos, y mujeres jóvenes o solteras.

El delito encubierto

De acuerdo a lo que comenta el abogado Enrique J. Vila Torres a ENCLAVE ODS, hasta los años 80 y 90, "muchas órdenes religiosas de monjas hacían las funciones de auxiliares de enfermería (…) trabajaban en las maternidades de los hospitales provinciales en casi todas las regiones; y de ellas dependía el control de partos, adopciones, ingresos de las parturientas..."

E incluso, argumenta, "hay un curioso decreto del S. XIX, que ya otorgaba a la madre superiora de las hermanas de la caridad, la capacidad exclusiva de ser la única persona que podía conocer la identidad de la madre biológica, y custodiaba los libros registros de las maternidades públicas". Ese mismo poder se extendió hasta el S. XX, ya en democracia.

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Así, numerosos matrimonios, que, pese a enfrentar dificultades para concebir, estaban interesados en adoptar y tenían una capacidad económica considerable, "buscaban ayuda en el párroco de su localidad, o en las monjas de las casas cuna", según el letrado.

Se aseguraban entonces de que el origen de los bebés fuera un secreto resguardado y certificado únicamente por las madres superioras de estas instituciones. Sin embargo, de acuerdo con J. Vila, "también matronas laicas, o enfermeras, o médicos, en la mayoría de casos de hospitales privados, participaban en estas adopciones irregulares".

Según relatan las madres biológicas, las monjas encargadas de las maternidades se llevaban a los bebés nada más nacer y les aseguraban a estas mujeres que sus hijos habían muerto en el parto, u horas después. Pero en realidad, esos bebés no habían fallecido; habían sido vendidos.

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Entre documentos falsificados y silencios cómplices, durante casi cincuenta años se consumó el secreto de esta práctica ilegal, donde "más de 30.000 niños fueron tutelados por el Estado franquista", de acuerdo con RTVE.

Momento de hacer justicia

Ya en 1999 se reconoció el derecho de toda persona adoptada a conocer sus orígenes biológicos, algo que hasta entonces no era posible. Desde ese momento, miles de adoptados comenzaron a investigar su historia, y muchos descubrieron que su adopción había sido resultado de un delito cometido contra sus madres biológicas.

No obstante, y de acuerdo con Soledad Luque, presidenta de la Asociación 'Todos los niños robados son también mis niños', "el modelo de transición que vivimos en su día no rompió con la impunidad del franquismo, no investigó lo sucedido, ni tampoco juzgó esos crímenes".

Sería ya bien entrado el nuevo milenio, concretamente en 2007, cuando España aprobaría la Ley de Memoria Histórica, que condenaba los crímenes acaecidos durante el régimen dictatorial y reconocía oficialmente a sus víctimas por primera vez. Sin embargo, en cuanto a la materia presente, aunque quedaba mucho por hacer.

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El verdadero catalizador tuvo lugar en enero de 2011. La Fiscalía General del Estado recibió la primera demanda colectiva, propulsada por la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR), que integraba en sí misma un total de 261 denuncias de personas que aseguraban haber sido bebés robados al nacer, o de aquellas a quienes les habían arrebatado a sus hijos.

El impacto del suceso fue tal que generó una oleada de nuevas denuncias, sumando 747 en tan solo un mes. Sin embargo, la respuesta judicial no fue proporcional: hacia noviembre, aproximadamente una cuarta parte de los casos ya había sido desestimada, en su mayoría por considerarse legalmente caducados.

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"Desde la primera denuncia colectiva hasta marzo de 2021 se abrieron un total de 2.138 investigaciones de casos de bebés robados, de las cuales solo 526 se habían judicializado hasta la fecha", informa RTVE.

Y es que, históricamente, se han dado dos obstáculos principales en la consecución de justicia para las víctimas: por un lado, el debate doctrinal sobre la prescripción de estos casos, y, por otro lado, la ausencia de alguien a quien investigar y acusar, pues, según J. Vila Torres, "no puede haber causa penal, aunque haya pruebas, si no hay acusado".

Asimismo, el jurista insiste en que, "lo correcto sería aplicar la prescripción del delito, desde que el adoptado irregular tiene conocimiento de los hechos irregulares, sea la edad que sea, o desde que estos cesan, es decir desde que de alguna forma se pone en conocimiento del registro civil, que esa adopción fue ilegal".

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Es por ello, por lo que, en la actualidad, y de acuerdo con Luque, aún permanece "la necesidad de una ley específica de bebés robados en el Estado español", recogida en la Proposición de Ley sobre «bebés robados» (122/000113) presentada al Congreso de los Diputados.

Y ahora qué

Es indispensable sensibilizar y concienciar a la población. "Aquí, en España, todavía, a pesar de lo mucho que hemos hecho, nos queda mucho por conseguir. Lo que necesitamos es fácil de definir: voluntad política", añade Luque.

Esto es, deslegitimar la narrativa marcada por el 'olvido y la desmemoria'. Y, de esta forma, ir acercando la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición a los 'bebés robados' y sus familias.

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En última instancia, J. Vila Torres aconseja, para aquellos que aún hoy sospechen haber sufrido esta barbarie, o sean conocedores de algún caso cercano:

• Judicializar el caso, con una denuncia o querella, mejor con asistencia letrada pero no imprescindible. El juez puede realizar cualquier diligencia de investigación para acreditar la existencia de un delito tras el parto, desde una exhumación del cuerpo del bebé supuestamente muerto, hasta declaraciones testificales, recabar historiales clínicos, etc.

• Realizar una prueba de ADN en un laboratorio privado, de los que tienen bases de datos a nivel mundial, pues pueden encontrarse coincidencias con familiares más o menos cercanos, que sirvan para reencontrar a la familia biológica.

Porque, al fin y al cabo, esta cuestión no es un acontecimiento anclado en el pasado. Aún hay miles de familias con ausencias presentes, miles de individuos que luchan por conocer sus raíces o que, tal vez, ni siquiera saben que tienen otra génesis distinta a la asumida.