Isabel Pardo de Vera, tras declarar en el Supremo.
El juez investiga por malversación a la expresidenta de Adif por la contratación de Jésica, la exnovia de Ábalos
También atribuye a Isabel Pardo de Vera un posible delito de tráfico de influencias y la cita a declarar el próximo 29 de mayo.
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El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado del caso Koldo, ha citado como investigada a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.
Así consta en una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que la cita a declarar para el jueves de la próxima semana, día 29 de mayo.
Moreno le atribuye, de momento, los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, por la contratación, "aparentemente irregular", de Jésica Rodríguez en dos empresas públicas adscritas al Ministerio de Transportes (Ineco y Tragsatec).
Esta joven, cuando fue contratada, era pareja del entonces ministro José Luis Ábalos, actualmente investigado por el Tribunal Supremo por varios delitos graves. Y Rodríguez, en su declaración como testigo en el llamado caso Ábalos, la rama del caso Koldo que afecta al exministro, admitió que, pese a cobrar mes a mes un sueldo público, jamás realizó labor alguna ni en Ineco ni en Tragsatec.
Ambas compañías públicas están adscritas al Ministerio de Transportes. Cuando formaba parte de la primera, la joven tenía su puesto de trabajo en dependencias de Adif y su superior era Joseba García, hermano de Koldo García, el principal asesor de Ábalos.
Como empleada de Tragsatec, Rodríguez figuraba como "adscrita a la Presidencia de Adif", puesto que entonces ocupaba Pardo de Vera.
Tras recibir documentación del Supremo y con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, favorable a investigar a la expresidenta de Adif, el juez Moreno indica que ésta "habría tenido una decisiva participación en la contratación, aparentemente irregular, de doña Jésica Rodríguez".
Primero, en la empresa Ineco, "a instancias de los investigados Koldo García y José Luis Ábalos". Tal y como publicó EL ESPAÑOL, los mensajes del móvil incautado del primero demuestran que el asesor recibió el encargo del entonces ministro de gestionar la contratación de la joven, licenciada en Odontología.
Este primer contrato duró del día 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2021. "[Una vez] vencido, el 2 de marzo de 2021, la empresa pública Tragsatec contrató a doña Jésica Rodríguez entre las 177 personas que concurrieron inicialmente al proceso, cumpliendo ocho de ellas las condiciones exigidas para la plaza", relata el juez.
Este segundo contrato duró hasta septiembre de 2021. En ambos casos, la mujer cobró un sueldo de en torno a mil euros al mes.
"Cabe destacar que en la declaración testifical prestada por doña Jésica Rodríguez afirma que ni en una ni en otra empresa prestó actividad profesional o laboral de ninguna naturaleza, que ni siquiera asistía a su puesto de trabajo, aunque percibía puntualmente los correspondientes salarios durante aproximadamente, uniendo ambos periodos, dos años y medio", subraya el magistrado.
Jésica Rodríguez, a su llegada al Supremo.
"Como consecuencia de estas actuaciones, los hechos imputables a la señora Pardo de Vera, habida cuenta del posible perjuicio para el patrimonio público y de las maniobras descritas, podrían ser constitutivos de delito de malversación de caudales públicos y de tráfico de influencias", concluye.
El instructor del caso Koldo, "a los efectos de determinar la posible trascendencia penal del proceso de contratación de doña Jésica Rodríguez en Ineco y Tragsatec", también ha citado a declarar a varias trabajadoras de ambas empresas. En su caso, como testigos. Estarán, por tanto, obligadas a decir la verdad.
Se trata de Ana Argita (responsable de Selección y Reclutamiento de Ineco), Josefa Pérez (experta senior en Ineco), Ignacio Zaldivar (director de Gestión Administrativa de Adif) y María Dolores Tapia (jefa de Proyecto de Rodríguez en Ineco). Estos testigos serán interrogados en la Audiencia Nacional el próximo 24 de junio. Todos estos nombres habían sido propuestos por el fiscal del caso, Luis Pastor Motta.
